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Alvarado afirma que pedirá declaratoria de ilegalidad de la huelga

En cadena nacional, el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aseveró que la ilegalidad de la huelga anunciada para este lunes 10 de setiembre “se hará valer ante los tribunales”.

A la vez, aseguró que junto con su equipo de Gobierno ha tomado las medidas para que se mantengan el orden público y los servicios esenciales y se minimice la afectación a las personas.

Tres calificativos tuvo el gobernante para la huelga: injustificada, improcedente e ilegal. El Presidente señaló que paralizar servicios y afectar a millones de costarricenses no es una solución. El Presidente dijo que “este país debe seguir funcionando y la tarea de mi equipo de Gobierno es asegurar que así sea”.

Toda persona cuenta, afirmó el mandatario sin hacer distingos de ninguna clase, y de inmediato invitó a todos los costarricenses a asumir como propio “el camino de la responsabilidad histórica”.

Al hacer un llamado a los empleados y empleadas públicas a presentarse mañana a sus puestos de trabajo, aseguró que confía en el compromiso de estos miles de servidores con el país.

A la dirigencia sindical le recordó que las puertas de su gobierno siguen abiertas al diálogo: “Ustedes tienen la palabra”, les dijo.

Para el Presidente de la República, Costa Rica está ante una encrucijada histórica. En su alocución por cadena nacional, fue vehemente en describir la aprobación del proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como la única forma de evitar una inminente crisis.

“No solo es necesaria, sino que también es urgente”, sostuvo al señalar que la reforma es “la única forma que tenemos a la mano para salvar evitar una crisis”.

Alvarado Quesada recordó que como candidato fue siempre claro, en todos los foros donde participó, respecto a su compromiso con la reforma fiscal, y ese es el camino para asegurar un futuro bueno para los costarricenses “incluso para los organizadores de la huelga y de quienes se sumen a ella”.

“Mi gobierno junto a los actuales diputados y diputadas –dijo– estamos tomando el camino de la responsabilidad al atender un problema que se postergó por décadas”.

Afectar a las personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que se quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, y a quienes se disponen a producir, “no es la vía costarricense. La mayoría de los costarricenses no queremos recorrer ese camino”, sentenció.