QCOSTARICA – Los cafés al aire libre, bares, restaurantes y refrescos, entre otros, pronto serán la norma en muchas zonas de Costa Rica cuando se apruebe en este segundo debate la “ley de comercio al aire libre”.
En la votación final votaron por unanimidad los 41 legisladores presentes en el pleno de la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley ahora requiere la firma de Carlos Alvarado y será publicado en el boletín oficial del gobierno La Gaceta para que entre en vigencia.
El plan permite a las empresas autorizadas y con licencia utilizar aceras, calles e incluso parques y plazas de la ciudad en su negocio, siempre que cuenten con el permiso municipal correspondiente.
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Sin embargo, el texto adoptado prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en estos lugares públicos.
La iniciativa permitirá que estos locales coloquen en lugares públicos el mobiliario necesario para sus actividades, como mesas y sillas, siempre que no sea permanente y se retire de ellos diariamente.
Los municipios están obligados a adoptar las normas necesarias para regular el comercio al aire libre, especialmente en lo que respecta a la obtención de permisos. En este reglamento, los municipios deben fijar los horarios en los que se pueden colocar muebles en un espacio público y las causas de revocación de los permisos.
Los propietarios de espacios públicos deben pagar una tarifa fijada por el municipio, calculada de acuerdo con el espacio utilizado.
El legislador Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó la iniciativa a municipios y comerciantes como una oportunidad para expandir las operaciones comerciales y aprovechar el clima y la belleza de un negocio al aire libre bien regulado.
Roberto Thompson, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que la iniciativa tiene como objetivo impulsar el proceso de reactivación en condiciones seguras y la calificó como una herramienta para apoyar a los sectores afectados por la pandemia de covid-19.
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El PLN criticó duramente al gobierno de Carlos Alvarado (PAC) porque durante las sesiones extraordinarias de ocho meses entre diciembre de 2020 y julio de 2021, el plan no interesó a la gestión porque mantuvo el proyecto de ley fuera de la agenda del Parlamento.
La ley obliga a municipios y empresas a garantizar la accesibilidad y libre circulación de personas con discapacidad en el marco de la iniciativa de comercio al aire libre.
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