QCOSTARICA – Almacenes Casa Blanca inició el cierre de sus tiendas en el país y el despido de trabajadores como parte del proceso de liquidación de la empresa. Francisco Luis Vargas, abogado de la propietaria de la cadena de retail, Land Business S.A., confirmó a La Nación que la empresa ya notificó al juzgado de quiebras el inicio del proceso.
Vargas explicó que debido al cierre, la empresa despedirá a todos sus empleados, sin revelar el número de tiendas ya cerradas ni el número de despidos.
Carlos Murillo, gerente general de la concesionaria, dijo: “Don Francisco Luis (Vargas) es una persona que puede participar (en consultas). Yo no tengo autoridad (para hablar de despidos). Yo también soy un empleado y tengo que seguir las órdenes.”
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El cierre de 38 tiendas en todo el país a principios de 2022 comenzó hace un mes, mientras que la mayoría de los 292 trabajadores fueron despedidos en las últimas dos semanas después de que Land Business abandonara su plan de rescate luego de que los acreedores, principalmente bancos, rechazaran el plan de rescate.
Casa Blanca entró en concurso de acreedores en enero de 2017 por un problema de solvencia y para renegociar su deuda de financiación. Cuando se inició el proceso legal, la deuda de la empresa era de ¢38.200 millones, pero la empresa implementó varios arreglos de pago para reducirla.
La última propuesta de Land Business para evitar el cierre proponía liquidar la deuda de ¢20.500 millones y los intereses de ¢7.990 millones en 15 años.
Las dificultades de la empresa comenzaron en 2012, cuando se creó una fuerte estrategia de crecimiento abriendo tiendas y vendiendo a sus clientes con créditos – planes de pago.
Para lograr este objetivo, la empresa estableció préstamos de corto plazo (6 meses), también conocidos como préstamos stand-by, con entidades financieras. Sin embargo, otorgaba financiamiento a más largo plazo a sus clientes, lo que generaba diferencias de ingresos y problemas de liquidez.
Una deuda más
Según el abogado de la empresa, los empleados deben acudir a la corte de quiebras y presentarse como acreedor único junto con las instituciones financieras y los proveedores de la empresa para recibir los beneficios.
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La situación se explica en la carta de terminación entregada a los trabajadores, donde la empresa manifiesta “que no puede pagar directamente la deuda laboral (…) y amplía este certificado para que el socio (empleado) pueda defender sus derechos y legalizar su pretensión en el juzgado de quiebras con expediente 17-000001-0958-CI”.
En la carta, la empresa explica que la propuesta de pago presentada en la corte no fue aprobada por la junta de acreedores. “La decisión tuvo efectos negativos en el negocio y ha tenido que reducir el tamaño de sus operaciones ante una posible liquidación”, dice la carta.
“La liquidación (laboral) es un proceso legal. Los trabajadores, como todos los acreedores, tienen que legalizar sus créditos en el proceso, y ahí es donde cobran. La empresa no paga, pero durante el proceso. sus beneficios) en los tribunales”, explicó Vargas.
El abogado dijo que la ley da prioridad a los acreedores laborales sobre otros afectados por el cierre de la empresa.
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