Consejo Legislativo vota sobre préstamo del FMI a Costa Rica –
En un segundo debate, el Consejo Legislativo aprobó un préstamo de $ 1,778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Costa Rica.
44 legisladores votaron por el país, siete en contra y seis se abstuvieron el lunes.
“Agradezco a los diputados por aprobar la rebaja del FMI”, dijo el presidente Carlos Alvarado.
“Esta donación de $ 1,778 millones permitirá canjear deuda cara por deuda barata, reducir la deuda con CCSS, brindar estabilidad y contribuir a la recuperación económica”.
En marzo El FMI aprobó un contrato de crédito a 36 meses con $ 1,778 millones con Costa Rica.
El dinero se utilizará para “apoyar la recuperación de Costa Rica y estabilizar la economía”, además de asegurar una deuda sostenible, dijo la agencia en un comunicado en su sede de Washington.
“El programa local respaldado por el FMI se enfoca en implementar reformas financieras equitativas para asegurar la sostenibilidad de la deuda y proteger a los más vulnerables”, dijo la agencia.
“En el futuro, el plan de reforma del gobierno está diseñado para promover un crecimiento inclusivo y sostenible a través, entre otras cosas, de la digitalización innovadora, la mitigación del cambio climático y la construcción de resiliencia”.
El país espera que la línea de crédito le ayude a reducir su gran déficit de las administraciones públicas del 8,3% del PIB. La última vez que Costa Rica tuvo un déficit del gobierno general de esta magnitud fue en 1981, cuando fue del 9,1% del PIB.
El gobierno también anunció que el déficit primario, excluido el servicio de la deuda, fue del 3,5% del PIB, por debajo del 4% previsto por el banco central, aunque aún no se ha ajustado a la baja.
El proyecto aprobado (proyecto de acción 22.433) asigna el 10 por ciento de los fondos del FMI – $ 178 millones – al pago de la deuda con el Fondo de Seguridad Social (CCSS).
Consecuencias de la pandemia
En enero, Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional anunciaron que un acuerdo para reequilibrar la economía del país descartaría privatizaciones o mayores impuestos al consumo o pensiones, propuestas rechazadas por la población.
Esta oportunidad desató la indignación pública en septiembre y octubre de 2020 a través de manifestaciones callejeras en un país cuya economía ya sufría la falta de turismo debido a la pandemia Covid-19.
Costa Rica “ha logrado avances significativos en su programa fiscal y de reestructuración en los últimos años como parte del proceso de adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, dijo el FMI.
Sin embargo, “la pandemia ha golpeado duramente a la economía y exacerbado las vulnerabilidades existentes, socavando los retornos esperados de la ambiciosa reforma fiscal lanzada a fines de 2018 y creando una brecha de financiamiento significativa”, afirma.
El organismo multilateral prevé la recuperación económica de Costa Rica en 2021, con un crecimiento del 2,6% del PIB.
Aunque el país se encuentra entre los primeros en América Latina en comenzar a vacunar contra Covid-19, “las perspectivas siguen siendo altas debido a la incertidumbre que rodea a la pandemia”.
En este contexto, el préstamo del FMI “apunta a salvaguardar la estabilidad macroeconómica y promover reformas internas de las autoridades”.
Compromisos
Costa Rica planea aumentar los ingresos fiscales con un impuesto del 0,5% a las viviendas de lujo y transferir hasta el 30% de las ganancias de 14 empresas estatales al Tesoro. Esta medida tiene una vigencia de cuatro años para cobrar el 0,2%. PIB anual.
Las medidas del acuerdo se refieren a un ajuste de las finanzas públicas del 5% del PIB para reducir el déficit y lograr un superávit primario en 2023 con el fin de “reducir la deuda”.
El Congreso también está debatiendo un proyecto de ley de empleo público para regular los salarios en el sector público, que es responsable de gran parte de la política fiscal de Costa Rica.
Como parte de sus esfuerzos de austeridad, el país aprobó una ley que reduciría drásticamente los pagos estatales a los partidos políticos para la campaña electoral de 2022.
La deuda pública fue del 69,7% del PIB en 2020, ligeramente por debajo de la previsión inicial de 70,1%.
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