QCOSTARICA – En interés de los derechos humanos y del interés público, los migrantes indocumentados que viven en Costa Rica deben ser vacunados.
Así lo afirmó el presidente costarricense Carlos Alvarado, para quien también es una actividad que ayudará a reactivar la economía.
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“Sí, necesitamos vacunar a esta población”, dijo el presidente este martes 27 de julio.
El comunicado sigue a un informe publicado en La Nación que revela una falta de cobertura vacunal para las personas con estatus migratorio ilegal, es decir, “ilegales” en el país.
Presionado por la prensa, Alvarado confirmó que existe una “solución sobre la marcha”, refiriéndose a otra donación de vacunas, sobre la que no quiso revelar detalles. Tanto el Departamento de Estado como el Ministerio de Salud están trabajando para lograrlo, dijo el presidente.
“Esperamos completar esto esta semana para que tengamos una respuesta para esta población y protección para todos los habitantes de nuestro país. Es un asunto de nuestro radar y es de nuestro interés resolverlo. Ya hay una manera y esperamos aprobarlo en cuanto se confirme ”, afirmó Alvarado.
Desde abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Declaración Covid-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y con respeto a las obligaciones internacionales.
El 14 de abril de 2020, Elizabeth Odio Benito, Presidenta de la CIDH, explicó que el propósito de esta declaración es que los Estados tengan en cuenta sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte.
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Según Odio, esto es para “garantizar la implementación y protección efectivas de los derechos humanos en respuesta a la contención de la pandemia”.
“Actualmente, un enfoque especial garantiza el derecho a la vida y la salud de todas las personas bajo jurisdicción estatal, sin discriminación, incluyendo ancianos, migrantes, refugiados y apátridas, y comunidades indígenas”, dice el comunicado.
El presidente Alvarado reconoció que la situación migratoria es una “cosa” por lo que denominó “problemas documentales”, aunque aclaró que “esto no debe restringir los derechos humanos”.
Lo importante, dijo, es definir un sistema de registro.
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“Se ha registrado a la persona, sus datos y el lote (de la vacuna). Es parte del seguimiento que Caja (Seguridad Social de Costa Rica) también va a planificar una segunda dosis. De no hacerlo, se generarían cronogramas incompletos. o personas que se vacunen más ”, explicó el presidente.
Aseguró que se están realizando esfuerzos para encontrar una solución para que toda la población pueda registrarse.
“Parte del problema es que tenemos indocumentados y no tienen forma de referirse a ellos, pero eso no es excusa. Buscamos método y también dosis para poder hacerlo. Es una solución para la vacunación sobre la marcha y sobre la marcha. Pero tenemos que hacerlo en un proceso organizado. Esto es importante, no es insignificante ”, explicó Alvarado.
La población inmigrante “ilegal” es una de las más vulnerables. Con el inicio de una grave emergencia nacional, se convirtieron en los primeros casos de enfermedad causada por las condiciones de vida y de trabajo que se encuentran en algunas plantaciones de la zona norte.
Más tarde, el llamado. Las Cuarterías, especialmente en Sam José, destacaron la población inmigrante.
Por tal motivo, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como el Ministerio de Salud dijeron que se cubriría el tratamiento de todos los migrantes con enfermedad covid.
A medida que avanzaban las vacunaciones, se hizo evidente que los inmigrantes ilegales estaban ausentes de esta campaña.
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